Resumen

El 30 de enero de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (O.M.S.), declaró el brote del SARS-CoV-2 como una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII), para que los países se prepararan  para la contención, vigilancia activa, detección temprana, aislamiento, manejo de casos, rastreo de contactos y prevención de la propagación de la infección.

El 11 de marzo de 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (O.M.S.) declaró  el brote del nuevo coronavirus como una  Pandemia.

El Gobierno nacional al constatar la propagación de COVID-19 en nuestro país,  dictó el Decreto N° 260 (12/03/ 2020) y amplió, por el plazo de UN (1) año, la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541.

En ese contexto, y con el fin de proteger la salud pública, por Decreto N° 297 (197/3/2020):

  • Se estableció la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, para todas las personas que habitan en el territorio nacional o se encontraren en él en forma temporaria,
  • Se exceptuó de esa medida a las personas que cumplan tareas o trabajen  en  actividades y servicios declarados esenciales durante la emergencia, limitando sus desplazamientos al estricto desempeño de dichas actividades y servicios.

Mediante diversas Decisiones Administrativas, se incorporaron nuevas actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, y por ello, se exceptuó a las personas que realizan dichas  tareas, del cumplir  de la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, y de la prohibición de circular.

  • Los Decretos Nº 325 (31/03 2020) y N° 355 (11/04/2020) dispusieron su prórroga, la cual se extiende actualmente hasta el  26 de abril de 2020 inclusive.

En este contexto, es necesario formular e implementar de inmediato políticas laborales y de seguridad social coordinadas para tutelar la salud de los trabajadores y las trabajadoras con riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2, por el hecho o en ocasión de su desempeño laboral, realizado en ejercicio de la dispensa de aislamiento precedentemente aludida.

La Ley nro. 24.557, establece un régimen en materia de prevención y reparación de los riesgos del trabajo.

En el contexto actual resulta prioritario preservar las condiciones de vida y trabajo de quienes se encuentran desarrollando actividades laborales calificadas como “esenciales” conforme el  artículo 6 del Decreto 297/20,  durante el período de “aislamiento social preventivo y obligatorio” y en el caso del personal de la salud, también una vez finalizado el mismo, mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria prevista en el Decreto 260/20.

Que mediante Decreto N° 590 de fecha 30 junio de 1997 se creó el Fondo para Fines Específicos, posteriormente denominado FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES.

El FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES, administrado por cada una de las ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.), se financia, entre otras fuentes, por una alícuota de afiliación percibida en razón de los contratos correspondientes, con las empresas que componen el sistema productivo argentino.

La ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (O.I.T.) en el contexto del brote del nuevo coronavirus COVID-19,  en fecha 27 de marzo de 2020,  sostuvo  que las patologías contraídas por exposición en el trabajo a dicho agente patógeno podrían considerarse como enfermedades profesionales, en razón de lo cual otros países -tales como España, Uruguay y Colombia- han declarado que la afección producida por la exposición de los trabajadores y las trabajadoras al nuevo coronavirus, durante la realización de sus tareas laborales, reviste carácter de enfermedad profesional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS, DECRETA:

1º.   Que la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 

  • Se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional -no listada- en los términos del apartado 2 inciso b) del artículo 6º de la Ley Nº 24.557.
  • Se aplica a las trabajadoras y los trabajadores dependientes que por realizar actividades declaradas esenciales, están liberados de cumplir  con el aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el Decreto N° 297/20 y sus normas complementarias, y mientras se encuentre vigente la medida de aislamiento dispuesta por esas normativas, o sus eventuales prórrogas, salvo el supuesto previsto en el artículo 4° del presente decreto.

2º.  Las ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.), DEBERÁN:

  • Aceptar la cobertura de esas contingencias
  • Adoptar los recaudos necesarios para que, al tomar conocimiento de la denuncia del infortunio laboral acompañada del correspondiente diagnóstico, la trabajadora o el trabajador damnificado reciba, en forma inmediata, las prestaciones previstas en la Ley N° 24.557 y sus normas modificatorias y complementarias.

3º.  La COMISIÓN MÉDICA CENTRAL (C.M.C.)

  • Determinará el carácter profesional de la mencionada patología
  • Entenderá originariamente a efectos de confirmar la presunción de enfermedad de carácter profesional -no listada-.
  • Establecerá  los requisitos y reglas formales de tramitación y de procedimiento para determinar la relación de causalidad directa e inmediata de la enfermedad denunciada con el trabajo efectuado en el referido contexto de dispensa del deber de aislamiento social, preventivo y obligatorio.
  • Podrá invertir la carga de la prueba de la relación de causalidad a favor del trabajador cuando se constate la existencia de un número relevante de infectados por la enfermedad COVID-19 en actividades realizadas en el referido contexto, y en un establecimiento determinado en el que tuvieren cercanía o posible contacto, o cuando se demuestren otros hechos reveladores de la probabilidad cierta del contagio en ocasión del cumplimiento de las tareas desempeñadas en el marco referido en el artículo 1° del presente.

4º. Trabajadoras y trabajadores de la salud

  • La enfermedad COVID-19, producida por el coronavirus SARS- CoV-2, se considerará que guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que se demuestre, en el caso concreto, la inexistencia de este último supuesto fáctico.
  • Plazo: Esta presunción y la prevista en el apartado 1° rigen hasta los SESENTA (60) días posteriores a la finalización de la vigencia de la declaración de la ampliación de emergencia pública en materia sanitaria realizada en el Decreto 260/20, y sus eventuales prórrogas.

 5°.  FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES

  • Será obligatorio en un CIENTO POR CIENTO (100%) el financiamiento de las prestaciones otorgadas para la cobertura de las contingencias.
  • Su obligación se extenderá hasta SESENTA (60) días después de finalizado el plazo de aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por los Decretos Nro. 297/20, 325/20 y 355/20.
  • Las normas complementarias y aclaratorias del presente decreto, emanadas de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) o de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN (S.S.N.),  establecerán las condiciones y modalidades requeridas para el reintegro por parte del FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES de erogaciones efectuadas en cumplimiento de lo prescripto precedentemente y garantizarán el mantenimiento de una reserva mínima equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) de los recursos de este último, con el objeto de asistir el costo de cobertura prestacional de otras posibles enfermedades profesionales, según se determine en el futuro.

6º. SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.)

  • Es facultada para dictar las normas relativas al procedimiento de actuación ante la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL (C.M.C.)  en el marco de sus competencias.

 

 

 

7º.  PERIODO DE APLICACIÓN:

  • Las disposiciones de este Decreto se aplicarán a aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se haya producido a partir de la entrada en vigencia del Decreto N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020.

VIGENCIA: a partir del 14 de abril de 2020.

Glosario

Actividades y servicios esenciales: Aquellos (brindados por empresa pública o privada) sin los cuales la seguridad, la salud o el bienestar de toda o parte de la comunidad estaría en peligro o se vería seriamente perjudicados.

Aseguradoras de Riesgos del Trabajo – ART: Son empresas privadas contratadas por los empleadores para asesorarlos en las medidas de prevención y para reparar los daños en casos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

Comisiones Médicas y Comisión Médica Central: Las Comisiones Médicas son las entidades encargadas de: Resolver las diferencias entre las ART y los trabajadores damnificados, sobre el accidente laboral o enfermedad profesional, tanto en el porcentaje de incapacidad como en el tratamiento otorgado.

Las Comisiones Médicas se encuentran distribuidas en todo el país, y hay una Comisión Médica Central, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que actúa ante la apelación de un dictamen de una Comisión Médica.

Dictamen médico: Los dictámenes son actos administrativos emitidos bajo las resoluciones de la SRT, y son pasibles de ser recurrido.

Enfermedad profesional: Es aquella contraída a consecuencia del trabajo.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO – (O.I.T.): Es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales.

Superintendencia de Riesgos del Trabajo – S.R.T: Es el ente estatal encargado de administrar y aplicar la normativa sobre riesgos del trabajo en el ámbito nacional. Sus principales funciones son: Controlar el sistema de ART e imponer sanciones en caso de incumplimiento de la legislación.

Trabajadores y trabajadoras de la Salud – personal de salud-: La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera personal de salud a todas aquellas personas que realizan una actividad remunerada cuyo objetivo directo o indirecto es promover o mejorar la salud de la población.

Vigencia: Subsistencia y obligatoriedad de un precepto legal o de una orden dictada por una autoridad competente.

 

TEXTO COMPLETO

COVID-19 – Decreto 367/2020