Resumen

 

Marco legal: Expediente Nº EX-2020-62730865-APN-DGDYD#MDTYH, Decretos Nros. 260/2020, 297/2020, y su respectiva normativa modificatoria y complementaria y 320/2020.

Mediante el Decreto Nº 260/20 se amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley Nº 27.541, en virtud de la pandemia declarada el 11 de marzo de 2020 por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en razón de la propagación del virus SARS-CoV-2.

La velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió, para hacer frente a la emergencia la adopción de medidas inmediatas, dando lugar al dictado del Decreto Nº 297/20 por el cual se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, cuyo plazo fue sucesivamente prorrogado mediante los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.

Por los Decretos Nros. 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20 y 754/20, en el marco de la emergencia sanitaria originada por el COVID-19,  se fue diferenciando a las distintas áreas geográficas del, entre las que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en todo momento y aquellas que debieron retornar a esta última modalidad sanitaria en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario de cada provincia, departamento o aglomerado, por sucesivos períodos, hasta el 11 de octubre de 2020, inclusive.

La emergencia sanitaria requirió, por parte del gobierno, la adopción de medidas tendientes a velar por la salud pública, extremando simultáneamente los esfuerzos para coadyuvar a las problemáticas económica y social.

En este contexto, se dictó el Decreto Nº 320/20, con el fin de garantizar el derecho a la vivienda en el marco de una pandemia que afectó los entramados sociales y la realidad económica imperante en el mundo.

La emergencia sanitaria aludida, con sus consecuencias económico-sociales, ha dificultado para una importante cantidad de locatarios y locatarias, la posibilidad de hacer frente a sus obligaciones en los términos acordados en los contratos suscriptos con anterioridad a la aparición de la pandemia de COVID-19, la cual ha modificado la cotidianeidad y las previsiones de los y las habitantes del país.

Además, muchos trabajadores y trabajadoras, comerciantes, profesionales, industriales y pequeños y medianos empresarios y empresarias, como consecuencia de la baja en la actividad económica, han visto fuertemente afectados sus ingresos desde el inicio de la pandemia.

En el difícil marco de la evolución de la pandemia, la situación descripta puede llevar a que locatarios y locatarias incurran en incumplimientos contractuales, lo que puede desembocar en el desalojo de la vivienda en la cual residen, agravando la compleja situación que atraviesa un amplio sector de la población.

En este sentido, es necesario destacar que el derecho a la vivienda se encuentra amparado por diversas normas contenidas en los Tratados de Derechos Humanos ratificados por nuestro país, con el alcance que les otorga el artículo 75 inciso 22 de nuestra CONSTITUCIÓN NACIONAL, como así también en la recepción que de tal derecho realiza su artículo 14 bis.

La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ha reconocido la constitucionalidad de leyes que suspenden, en forma temporaria y en un marco de razonabilidad, los efectos de los contratos, así como los de las sentencias firmes, siempre que no se altere la sustancia de unos y otras, y con el fin de proteger el interés público en presencia de desastres o graves perturbaciones de carácter físico, económico o de otra índole.

Se sostuvo que el Congreso está facultado para sancionar las leyes que considere convenientes respetando el límite de la razonabilidad y siempre que no se desconozcan las garantías y las restricciones que impone la Constitución; y que no debe darse a las limitaciones constitucionales una extensión que trabe el ejercicio eficaz de los poderes del Estado, toda vez que acontecimientos extraordinarios justifican remedios extraordinarios.

La extensión temporal adoptada por el presente decreto respecto de las medidas oportunamente tomadas mediante el dictado del Decreto N° 320/20, con relación a la amenaza existente, destinada a paliar la situación social, la cual se ha visto sumamente afectada por la pandemia de COVID-19, resulta razonable y proporcionada

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA, DECRETA:

  1. SUSPENSIÓN DE DESALOJOS:

Prorrogar hasta el 31 de enero de 2021 los plazos previstos en el artículo 2º del Decreto N° 320/20.

  1. PRÓRROGA DE CONTRATOS:

Prorrogar hasta el 31 de enero de 2021 el plazo de vigencia de los contratos indicado en el primer párrafo del artículo 3° del Decreto Nº 320/20, para los contratos cuyo vencimiento opere antes del 31 de enero de 2021.

  1. CONGELAMIENTO DE PRECIOS DE ALQUILERES:

Prorrogar, en los mismos términos y condiciones, y hasta el 31 de enero de 2021, el plazo previsto en el artículo 4º del Decreto N° 320/20.

  1. SUBSISTENCIA DE FIANZA:

Prorrogar hasta el 31 de enero de 2021 el plazo previsto en el artículo 5º del Decreto Nº 320/20.

  1. DEUDAS POR DIFERENCIA DE PRECIO:

Prorrogar hasta el mes de febrero de 2021, en los mismos términos y condiciones, el plazo establecido para el mes de octubre de 2020 en el artículo 6º del Decreto Nº 320/20.

  1. DEUDAS POR FALTA DE PAGO:

  • Prorrogar hasta el 31 de enero de 2021 el plazo establecido hasta el día 30 de septiembre de 2020, previsto en el artículo 7º del Decreto N° 320/20.

  • Prorrogar hasta el mes de febrero de 2021, en los mismos términos y condiciones, el plazo establecido para el mes de octubre de 2020 en el artículo 7º del Decreto Nº 320/20.

  1. MEDIACIÓN OBLIGATORIA:

Extender por el plazo de SEIS (6) meses, a partir del 30 de marzo de 2021, la suspensión establecida en el artículo 12 del Decreto Nº 320/20.

Vigencia: a partir del día 25 de septiembre de 2.020.

 

TEXTO COMPLETO

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235338/20200925

 

DECRETO Nº 320/20

https://www.derecho.unlz.edu.ar/web2017/monitoreo-y-difusion-en-lenguaje-claro-de-la-normativa-nacional-y-provincial/decreto-320-2020-alquileres/