Resumen

El Estado Nacional por DNU N° 260/20, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), amplió la emergencia pública en materia sanitaria, por el plazo de UN (1) año.

Con el fin de resguardar la tutela de los derechos y garantías de los interesados, se suspendieron los plazos de los procedimientos administrativos regulados por el Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto Nº 1.759/72 T.O. 2017 y demás procedimientos especiales.

En consecuencia, por el artículo 1 del Decreto N° 298/20, y sus complementarios, se suspendió el curso de los plazos de los procedimientos administrativos regulados por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, el Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1.759/72 T.O. 2017 y por otros procedimientos especiales, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan.

Asimismo, el artículo 3 del mencionado decreto, autorizó a las jurisdicciones, entidades y organismos contemplados en el artículo 8 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, a disponer -en el ámbito de sus respectivas competencias- excepciones adicionales respecto de la suspensión de los plazos correspondientes a los trámites administrativos, en virtud de las particularidades que estos últimos puedan exhibir en sus respectivos ámbitos.

Según lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución Nacional, los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en su relación de consumo a:

  • La protección de su salud, seguridad e intereses económicos;
  • Una información adecuada y veraz;
  • La libertad de elección;
  • Condiciones de trato equitativo y digno.

Al mismo tiempo, que pone en cabeza de las autoridades la obligación de proveer a la protección de esos derechos.

En ese sentido, la Ley N° 24.065 en su artículo 2 inciso a) fija como objetivo para la política nacional en materia de abastecimiento, transporte y distribución de electricidad la protección adecuada de esos derechos, encomendando al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), llevar a cabo las medidas que fueran necesarias para que la actividad del sector eléctrico se ajuste a tales objetivos.

La Ley Nº 26.361, cuyas disposiciones, de orden público, se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, dispone en su artículo 11 (que sustituyó el texto del artículo 27 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor), que los reclamos efectuados por los usuarios y las usuarias deben ser satisfechos por las empresas prestadoras en plazos perentorios.

En relación a la impostergable necesidad de dar respuesta a los reclamos que formulen los usuarios y las usuarias en tiempo oportuno, el Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica establece en el artículo 4, inciso j (Reclamos y quejas), apartado I (Plazo de tratamiento – Comunicación al USUARIO) que las distribuidoras deben “…tramitar, resolver y responder los reclamos y quejas que le formulen los USUARIOS dentro del término de QUINCE (15) días hábiles administrativos, de conformidad con lo establecido en el Contrato de Concesión, el Reglamento de Suministro y la normativa dictada por el ENRE aplicable al caso”.

Al declararse el brote de coronavirus (COVID-19) como pandemia por la OMS y dadas las medidas implementadas por el Gobierno Nacional, el ENRE estableció un mecanismo de acceso a través de su página web con fin de facilitar y garantizar a los diferentes actores, como así también a los usuarios y las usuarias del servicio, el acceso a las actuaciones administrativas.

Teniendo en cuenta lo expuesto y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 3 del Decreto N° 298/20, corresponde exceptuar de la suspensión del curso de los plazos dispuesta en el artículo 1 del citado decreto y sus eventuales prórrogas a todas aquellas actuaciones en las que se ventilen cuestiones relacionadas con los derechos de los usuarios y las usuarias del Servicio Público de Distribución de Electricidad prestado por la Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima (EDESUR S.A.) y la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDENOR S.A.)

Por ello, EL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, RESUELVE:

  1. EXCEPTUAR DE LA SUSPENSIÓN DEL CURSO DE LOS PLAZOS DISPUESTA EN EL ARTÍCULO 1 DEL DECRETO N° 298 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2020 Y SUS EVENTUALES PRÓRROGASa todos los trámites administrativos en los que se traten cuestiones relacionadas conlos derechos de los usuarios y las usuarias del Servicio Público de Distribución de Electricidad prestado por:
  • La Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima (EDESUR S.A.).
  • La Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDENOR S.A.).
  1. SI EL ESTADO NACIONAL, DISPONE EN EL FUTURO EL DICTADO DE NUEVAS MEDIDAS QUE PRORROGUEN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N° 298/2020, se mantendrá vigente la excepción de la suspensión del curso de los plazos indicada.

TEXTO COMPLETO

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD – Resolución 30/2020