Resumen

La Ley N° 27.541 declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

La crisis económica en que se encontraba el país se vio agravada por el brote del nuevo Coronavirus, que dio lugar a la declaración de pandemia por COVID -19, por parte de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).

En dicho contexto, se dictó el Decreto N° 260/20, por el que se amplió la emergencia pública en materia sanitaria, establecida por la citada ley, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del mencionado decreto, con el fin de preservar la salud de la población.

Con el objetivo de proteger la salud pública, se dictó el Decreto N° 297/20 por el que se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, el que fue prorrogado hasta el 7 de junio del corriente año, habiendo anunciado el presidente de la Nación su extensión hasta el 28 de junio, inclusive, en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En el marco de las obligaciones asumidas por la República Argentina en el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” y con el objetivo de preservar la paz social, corresponde adoptar medidas transitorias, proporcionadas y razonables, con el fin de garantizar el derecho de toda persona a trabajar y a gozar de condiciones de existencia dignas para ella y para sus familias.

Asimismo, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional impone una protección específica al trabajo en sus diversas formas, por lo que, en la situación actual, deviene indispensable la preservación de los puestos de trabajo a través de la toma de medidas que permitan asegurar en forma acordada la seguridad de los ingresos y la continuidad de los vínculos.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 23 de marzo de 2020, ha emitido el documento “Las normas de la OIT y el Covid 19 (Coronavirus)”, que revela la preocupación mundial al respecto, y manifiesta la necesidad de que los gobiernos implementen medidas dirigidas a atenuar los efectos nocivos en el mundo del trabajo, en particular en lo referido a la conservación de los puestos de labor.

En tal sentido, recuerda la importancia de tener presente la Recomendación 166, que insiste en que “todas las partes interesadas deberían tratar de evitar o limitar en todo lo posible la terminación de la relación de trabajo por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos, sin perjuicio para el funcionamiento eficaz de la empresa, establecimiento o servicio, y esforzarse por atenuar las consecuencias adversas de toda terminación de la relación de trabajo por estos motivos, para el trabajador o los trabajadores interesados”.

Con el propósito de habilitar mecanismos que resguarden la seguridad de ingresos de trabajadores y trabajadoras, aun cuando no puedan prestar servicios, sea en forma presencial o en modos alternativos pactados, se dictó el Decreto N° 329/20, prohibiendo por el plazo de SESENTA (60) días:

  • Despidos sin justa causa.
  • Despidos por causales de falta o disminución de trabajo
  • Despidos por fuerza mayor.

Plazo que fue posteriormente prorrogado por el Decreto N° 487/20.

La situación de crisis que ocasionó el dictado de las medidas de emergencia citadas autoriza a “considerar al trabajador o trabajadora como sujetos de preferente tutela”, principio establecido por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

En los artículos 220, 221 y 222 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias se establecen límites temporales:

  • TREINTA (30) días al año, para las suspensiones fundadas en falta de trabajo.
  • SETENTA Y CINCO (75) días al año, para las originadas en razones de fuerza mayor.

Permitiendo al trabajador y a la trabajadora a considerarse despedido cuando:

  • Las suspensiones excedan los plazos fijados para cada tipo de suspensión, o
  • Cuando en su conjunto, superen los NOVENTA (90) días en UN (1) año, a partir de la primera suspensión, cuando ésta no fuere aceptada por el trabajador o la trabajadora.

Los mencionados límites temporales, en una emergencia de duración incierta como la que se atraviesa, serían contrarios a la finalidad de preservación de las fuentes de trabajo, en el marco de medidas consensuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Asimismo, el artículo 1733 del Código Civil y Comercial de la Nación en su inciso b) establece la posibilidad de que la “fuerza mayor” no exima de consecuencias o que las mismas puedan ser neutralizadas en sus efectos cuando una disposición legal así lo prevea.

La situación de emergencia, con el fin de garantizar la tutela de los puestos de labor, impone, efectuar una modificación puntual y extraordinaria de las normas de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, para habilitar exclusivamente la extensión del plazo de las suspensiones por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador o por fuerza mayor, que se lleven a cabo conforme lo previsto por el ya citado artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, hasta que finalice el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

Es indispensable continuar garantizando la conservación de los puestos de trabajo para preservar la paz social, siendo esto posible si se transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles y no con medidas unilaterales.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS, DECRETA:

ESTABLECER QUE LOS LÍMITES TEMPORALES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 220, 221 Y 222 DE LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO N° 20.744 (T.O. 1976) y sus modificatorias no regirán para las suspensiones por falta de trabajo y fuerza mayor dispuestas en los términos del artículo 223 bis de la ley, como consecuencia de la emergencia sanitaria, las que podrán extenderse hasta que finalice el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

El presente decreto es de orden público, y se dicta en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la Ley N° 27.541, la ampliación de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/20 y el Decreto N° 297/20 que estableció la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, sus normas modificatorias y complementarias.

VIGENCIA: a partir del día 10 de junio de 2020.

Glosario

Art. 223 BIS. Se considerará prestación no remunerativa las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral y que se fundaren en las causales de falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, o fuerza mayor debidamente comprobada, pactadas individual o colectivamente y homologadas por la autoridad de aplicación, conforme normas legales vigentes, y cuando en virtud de tales causales el trabajador no realice la prestación laboral a su cargo. Sólo tributará las contribuciones establecidas en las Leyes Nros. 23.660 y 23.661.”

TEXTO COMPLETO

EMERGENCIA PÚBLICA – Decreto 529/2020