Resumen

El artículo 42 de la Constitución Nacional establece que las y los consumidores de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo a:

  • La protección de su salud, seguridad e intereses económicos;
  • La información adecuada y veraz;
  • La libertad de elección;
  • Condiciones de trato equitativo y digno.

Debiendo las Autoridades proveer a:

  • La protección de esos derechos;
  • La educación para el consumo;
  • La defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales.

En este sentido, el derecho a la información es uno de los pilares que recorre transversalmente todos los institutos de la legislación, convirtiéndose en uno de los elementos esenciales para limitar la asimetría entre consumidoras, consumidores y proveedores.

Mediante la Ley Nº 24.240, se determinan los derechos de las y los consumidores y las consecuentes obligaciones para los proveedores.

Tanto el Artículo 34 de la citada ley, como el Artículo 1.110 del Código Civil y Comercial de la Nación, establecen el derecho irrenunciable de las y los consumidores a revocar la aceptación del contrato cuando sea celebrado fuera de los establecimientos comerciales y a distancia.

El Decreto N° 50/19 y sus modificatorios, aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, creándose en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, la Secretaría de Comercio Interior con las responsabilidades que le son propias y designándola, a su vez, como la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor.

Debido a la emergencia sanitaria, económica y social declarada por la Ley N° 27.541 y sus normas reglamentarias y complementarias, cobran relevancia los conflictos que se suscitan en el marco de relaciones de consumo en entornos digitales y la posibilidad de revocar la aceptación de los mismos.

El Decreto N° 260/20 amplió la emergencia pública en materia sanitaria en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19.

Ante esta situación, y ante las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dictadas a fin de atenuar la propagación de la pandemia, las modalidades de contratación a distancia, la necesidad de acceso a la información a través de internet respecto de bienes y servicios, y las vías electrónicas para efectuar la rescisión de los contratos, adquieren especial relevancia, resultando, en la mayoría de los casos, la única vía con la que las y los consumidores cuentan para acceder a estos derechos.

En este sentido, la tutela jurídica al consumidor se extiende a toda la relación de consumo, inclusive en entornos digitales, hasta su total y absoluta extinción.

Mediante el dictado de la Resolución Nº 270/20 de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo, se incorporó al ordenamiento jurídico nacional la Resolución Nº 37/19 (MERCOSUR), relativa a la protección al consumidor en el comercio electrónico, con el objeto de que las instituciones encargadas de regular las normas de protección de las y los consumidores resulten eficaces.

Por otra parte, se dictó la Resolución Nº 271/20 de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo que estableció la obligación por parte de los proveedores de publicar los ejemplares de los contratos de adhesión en sus páginas web así como también incorporar el denominado “botón de baja” con precisiones técnicas en cuanto a su visibilidad y tamaño, a los efectos de rescindir los contratos celebrados en el entorno digital.

En consecuencia, la Secretaría de Comercio Interior considera pertinente establecer que los proveedores que comercialicen bienes y servicios a través de páginas o aplicaciones web tengan publicado un link denominado “Botón de Arrepentimiento”, mediante el cual las y los consumidores puedan solicitar la revocación de la aceptación del producto comprado o del servicio contratado, en los términos de los Artículos 34 de la Ley N° 24.240 y 1.110 del Código Civil y Comercial de la Nación.

El dictado de esta medida tiene como objetivo fomentar políticas de protección de las y los consumidores que alienten la implementación de procesos transparentes para la devolución y reembolso de las transacciones.

Por ello, LA SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, RESUELVE:

  1. ESTABLECER QUE LOS PROVEEDORES QUE COMERCIALICEN BIENES Y SERVICIOS A TRAVÉS DE PÁGINAS O APLICACIONES WEBdeberán tener publicado el link denominado“Botón de Arrepentimiento”, mediante el cual el consumidor podrá solicitar la revocación de la aceptación del producto comprado o del servicio contratado, en los términos de los Artículos 34 de la Ley N° 24.240 y 1.110 del Código Civil y Comercial de la Nación.
  • A partir de la solicitud de revocación de la aceptación, el proveedor dentro de las veinticuatro (24) horas y por el mismo medio, deberá informar al consumidor el número de código de identificación de arrepentimiento o revocación.

Las pautas establecidas no se oponen a las previsiones estipuladas en la Ley Nº 24.240 y en el Código Civil y Comercial de la Nación.

  1. EL “BOTÓN DE ARREPENTIMIENTO”, deberá:
  • Ser un link de acceso fácil y directo desde la página de inicio del sitio de Internet institucional de los sujetos obligados.
  • Ocupar un lugar destacado, en cuanto a visibilidad y tamaño, no dejando lugar a dudas respecto del trámite seleccionado.

Al momento de hacer uso del Botón, el proveedor no podrá requerir al consumidor registración previa ni ningún otro trámite.

  1. ESTABLECER UN PLAZO DE SESENTA (60) DÍAS CORRIDOScontados a partir del día 05 de octubre de 2020 para que los proveedores adecúen sus sitios de Internet de acuerdo a los términos aquí establecidos.
  2. EL INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN,será sancionado conforme las previsiones de la Ley Nº 24.240.

VIGENCIA: el día 05 de octubre de 2020.

TEXTO COMPLETO

BOLETIN OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA – MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR – Resolución 424/2020