Durante las últimas semanas la salud mental y la aplicación de la Ley 26.657 estuvieron en el centro de la escena mediática ya que distintos actores sociales se manifestaron en desacuerdo con la implementación de la misma. A raíz de ello, se reparó especialmente en el artículo 20 de la Ley Nacional de Salud Mental ya que expone que “la internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios” y que “Solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”.

El debate y las críticas se dieron a partir que estos actores sociales consideran que no resuelve la urgencia o la cotidianeidad de las personas con complejidades mentales y sus familias, que en la mayoría de los casos remarcan la dificultad para concretar internaciones.

Al respecto, la facultad dialogó con tres referentes de la salud mental, los cuales dieron un punto de vista y una opinión basada en su experiencia laboral de muchos años en el campo de la salud mental.

Alejandro San Juan, docente de la Facultad. Pro Secretario de la Cámara Civil, Comercial y de Familias Sala 1 y coordinador de la Comisión de Derecho de Discapacidad de la Unión de Magistrados, destacó que “la Ley de Salud Mental es una buena ley”.

“Creo que el mayor problema no pasa tanto por la norma, sino que pasa más por una cuestión de la aplicación de la norma”, consideró y afirmó que “obviamente puede ser modificable, pero no creo que tenga que ser modificada por lo menos en los puntos que yo la vi que era criticada”.

En esa línea, explicó que “la ley te da las dos posibilidades”, y detalló: “La internación voluntaria e involuntaria. Ambas posibilidades están previstas en la Ley, con lo cual no tendría por qué haber ningún problema para la internación, me parece que pasa más por una cuestión práctica y de aplicación de la norma, y también una cuestión cultural y de costumbre que tiene que ver con que siempre fue resuelto desde el punto de vista judicial”.

Además, señaló que “el hecho de que las personas que tienen ciertas complejidades dentro de lo que es su salud mental, con discapacidad, regia antes una cuestión de excluir a la persona que tenía alguna cuestión, por eso los manicomios”.

Por su parte, Doris Andrea Irachet, abogada, capacitadora en el programa de rehabilitación y externación asistida del Hospital Estévez, integrante del Comité de Bioética del mismo Hospital y del Instituto de Familia del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, dijo que “se está trabajando en la externación”.

Detalló que “si bien se sabe que hay pacientes crónicas, las cuales no van a poder ser externadas, ellas mismas manifiestan el deseo de querer quedarse, porque hay señoras de 30 o 40 años de internación, todo eso se está contemplando”.

Al respecto, remarcó que los pacientes que pueden, y quiere, ser externalizados “requieren un trabajo previo dentro del hospital, pasan a distintos sectores, y luego se trabaja en esto de todas las habilidades que se han perdido por estar institucionalizada”, tales como lavarse los dientes, hacer un té, higienizar la casa o defenderse”.

En cuanto al debate de la ley, opinó que “la externación tiene que ser sustentable, tiene que mantenerse en el tiempo”, y enfatizó que el programa debe tener tres ejes: el asistencial, el económico y lo que es la parte social, habitacional”.

En tanto, el director del Instituto de Derecho y Salud de la Facultad, Ignacio Brusco, afirmó que “la ley renueva la importancia del derecho y los derechos de los pacientes, fundamentalmente de los derechos humanos”.

“Hay militantes contra la Ley y está muy bien hecha, acá el problema es la practicidad de la internación”, resaltó y reflexionó que “pone en cultura social la problemática de salud mental, la protección de los pacientes con defensores, en la estructuración de equipos interdisciplinarios para que no sea una sola disciplina la que trabaja en la complejidad de la conducta humana”.

Asimismo, explicó que uno de los grandes problemas es la disposición de recursos para que las personas que salen de la internación no queden en situación de calle y para que “la familia no esté desprotegida con un paciente que presenta riesgo para sí y para terceros. Por eso, a muchos pacientes por querer hacerles bien se les hace mal”.

En coincidencia, los tres profesionales avalaron la ley y reflexionaron con una mirada, más crítica, la implementación en todas sus formas. Al mismo tiempo destacaron la protección del paciente como eje principal de la modificación. Bastará ver si el reclamo logra mejorar las políticas de salud mental en el territorio y garantizar los derechos humanos, principalmente, de las personas y su familia.

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