Resumen

 

Mediante la Ley N° 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, delegando hasta el 31 de diciembre de 2020, en el PODER EJECUTIVO NACIONAL el ejercicio de diversas facultades conferidas por dicha Ley.

 

A través del  artículo 55 de la norma citada se suspendió por CIENTO OCHENTA (180) días los ajustes trimestrales de los haberes previsionales correspondientes al régimen general de dicha Ley, que corresponden a los meses de marzo y junio del presente año, los que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, atendiendo a los beneficiarios y beneficiarias de más bajos ingresos, fijó mediante el Decreto N° 163/20, la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 139/20 y el Decreto N° 495/20.

 

Asimismo, y, dentro del mismo plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, el PODER EJECUTIVO NACIONAL debía convocar una comisión integrada por representantes del:

  • MINISTERIO DE ECONOMÍA
  • MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y,
  • Miembros de las comisiones del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN competentes en la materia.

A los efectos de revisar la sustentabilidad económica, financiera y actuarial, para que propusiera un Proyecto de Ley de movilidad de los haberes previsionales, que garantizara una adecuada participación de los ingresos de los beneficiarios y beneficiarias del sistema en la riqueza de la Nación.

 

En tanto se abordaban estas políticas públicas, con fecha 11 de marzo de 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró al brote del nuevo coronavirus “COVID-19” como una pandemia.

 

Motivo por el cual mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año, a partir de la entrada en vigencia del citado decreto.

 

Posteriormente y en atención a la situación epidemiológica y con el fin de proteger la salud pública, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 estableció para todas las personas que habitarán en el país o se encontraran en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive, el que fue prorrogado sucesivamente y se mantiene hasta la actualidad.

 

Consecuentemente, se adoptaron numerosas medidas, y se implementaron distintos programas económicos, todos con la finalidad de mantener el ingreso de los sectores más impactados por la pandemia.

 

Que, conforme surge del informe elaborado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (IF-2020-38494671-APN-DNPSS#MT), la situación descripta ha impactado en la recaudación de los recursos de la seguridad social, en las remuneraciones al trabajo y en la evolución de los precios al consumidor. Esto torna inciertos los indicadores o parámetros más relevantes utilizados para establecer una metodología rigurosa de cálculo con el fin de determinar la movilidad de los haberes previsionales.

 

Máxime cuando la forma de llevar a cabo la actualización de las prestaciones previsionales no es unívoca y ha estado sujeta a revisión prácticamente en todos los países, debido a que los regímenes de previsión social, además de garantizar una amplia cobertura, tienen que balancear DOS (2) objetivos centrales:

  • Mantener la suficiencia de las prestaciones y
  • Asegurar su sustentabilidad.

 

Así surge de ese informe que los principales indicadores y parámetros utilizados para determinar la movilidad de los haberes previsionales se han visto o se verán severamente afectados por la pandemia y las consecuencias de las medidas enumeradas precedentemente para proteger la salud de la población, preservar sus ingresos, empleos y fuentes de trabajo.

 

Máxime pues cualquier esquema de movilidad que se implemente, debe, frente a los diferentes contextos macroeconómicos garantizar cierta estabilidad real en los beneficios previsionales, así como establecer, dada la capacidad de los recursos fiscales, un nivel que se pueda sostener en el tiempo.

 

Ante la realidad impuesta por la pandemia de “COVID-19”, se torna sumamente difícil, ya no solo construir una fórmula de movilidad sería, razonable y perdurable, sino prever o predecir cómo se comportarán las variables económicas en los próximos meses, de modo tal de determinar, a priori, pautas serias para fundamentar técnica, económica y políticamente, los ajustes trimestrales indicados por la citada Ley N° 27.541.

 

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS, DECRETA:

 

  • Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2020, la suspensión de la aplicación de la fórmula de movilidad previsional establecida para los meses de septiembre y diciembre, como así la labor de la comisión convocada a tal fin.

 

  • El Poder Ejecutivo Nacional, continuará determinando los incrementos trimestrales de las jubilaciones y pensiones correspondientes al año 2020.

 

Estas medidas son temporarias y resultan necesarias, razonables y proporcionadas con relación a la situación que se atiende y los derechos que se preservan.

 

Vigencia: a partir del día 18 de junio de 2020.

 

 

TEXTO COMPLETO

SEGURIDAD SOCIAL – Decreto 542/2020