Resumen

Marco Legal: Expediente N° EX-2020-32766381-APN-DGDMT#MPYT, Ley N° 27.541, Decretos N° 260 (12/03/2020) y su modificatorio, 297  (19/03/2020), sus modificatorios y complementarios, 329 (31/03/2020), la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 359 del 24 de abril de 2020.

Por Ley N° 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

Mediante el Decreto N° 260/20 se amplió, por el plazo de UN (1) año, la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el COVID-19.

Con el fin de proteger la salud pública, a través del Decreto N° 297/20 se estableció, desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2020, una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (A.S.P.O.), la cual fue prorrogada por los Decretos N° 325/20, 355/20, 408/20 y 459/20 hasta el 24 de mayo de 2020, inclusive.

La medida de “ASPO” dispuesta, impacta directamente sobre la actividad económica del país y en el sistema de producción de bienes y servicios, por lo cual, conforme los Decretos N° 316/2020, 320 /2020, y 332/2020 y sus modificatorios dispuso:

  • La constitución de un “Fondo de Afectación Específica” en el marco de la Ley N° 25.300 y sus modificatorias.
  • La constitución del “Fondo de Garantías Argentino” (FoGAr), con el objeto de otorgar garantías para facilitar el acceso por parte de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a préstamos para capital de trabajo y pago de salarios.
  • Creó el Programa de “Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción” para empleadores y empleadoras y trabajadores y trabajadoras afectados por la emergencia sanitaria y la coyuntura económica.
  • Prorrogó el Régimen de Regularización tributaria establecido en el último párrafo del artículo 8º de la Ley N° 27.541.

Mediante esta normativa y con el objetivo de ayudar a las empresas a sobrellevar los efectos de la emergencia se estableció una serie de medidas, tales como:

  • La postergación o disminución de diversas obligaciones tributarias y de la seguridad social.
  • La asistencia mediante programas específicos de transferencias de ingresos para contribuir al pago de los salarios.
  • La modificación de procedimientos para el acceso a estos beneficios.
  • Se dispusieron garantías públicas con el fin de facilitar el acceso al crédito de micro, medianas y pequeñas empresas (MiPyMES)

 

En el contexto de emergencia, por el Decreto N° 329 del 31 de marzo de 2020, se prohibieron

  1. Los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de SESENTA (60) días.
  2. Las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por idéntico plazo, quedando exceptuadas de dicha prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Sanción: los despidos y las suspensiones efectuados en violación a lo establecido en el aludido decreto, no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales. (artículo 2° y primer párrafo del artículo 3º)

  • La crisis excepcional exige prorrogar la oportuna adopción de medidas de idéntica índole asegurando a los trabajadores y a las trabajadoras que esta emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo.

Medida que la REPÚBLICA ARGENTINA adaptó en el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y con el objetivo de preservar la paz social, y de protección específica al trabajo en sus diversas formas contenido en el artículo 14 bis de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

La Organización Internacional del Trabajo, el 23 de marzo de 2020, ha emitido un documento “Las normas de la OIT y el Covid 19 (Coronavirus)” que revela la preocupación mundial y alude a la necesidad de que los gobiernos implementen medidas dirigidas a paliar los efectos nocivos en el mundo del trabajo, en particular en lo referido a la conservación de los puestos, siendo necesario tener presente la Recomendación 166.

El artículo 1733 del Código Civil y Comercial de la Nación en su inciso b) establece expresamente la posibilidad que la “fuerza mayor” no exima de consecuencias o pueda ser neutralizada en sus efectos cuando una disposición legal así lo prevea.

Pues una situación de crisis como la que motivó el dictado de las medidas de emergencia autoriza a considerar al trabajador o trabajadora como sujetos de preferente tutela, por imperio de lo ordenado por la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello, resulta indispensable continuar garantizando la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo será posible si se transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS, DECRETA:

  1.  PRORROGAR LA PROHIBICIÓN DE EFECTUAR “DESPIDOS”

 

  • sin justa causa
  • por las causales de falta o disminución de trabajo
  • por fuerza mayor
  1.   PRORROGAR LA PROHIBICIÓN DE EFECTUAR “SUSPENSIONES”
  • por las causales de fuerza mayor
  • por falta o disminución de trabajo

PLAZO DE PRÓRROGA

  • SESENTA (60) días. (contados a partir del vencimiento del plazo establecido por el Decreto N° 329/20).

EXCEPCIÓN

Quedan exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

  1. NO PRODUCIRÁN EFECTO ALGUNO los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo indicado en el presente decreto, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales.

VIGENCIA: A partir del día 19 de mayo de 2020.

Glosario:

Ley de Contrato de Trabajo, artículo 223 bis: “Se considerará prestación no remunerativa las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral y que se fundaren en las causales de falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, o fuerza mayor debidamente comprobada, pactadas individual o colectivamente u homologadas por la autoridad de aplicación, conforme normas legales vigentes, y cuando en virtud de tales causales el trabajador no realice la prestación laboral a su cargo. Sólo tributará las contribuciones establecidas en las Leyes N° 23.660 y 23.661.”

Organización Internacional del Trabajo Recomendación 166: “que todas las partes interesadas deberían tratar de evitar o limitar en todo lo posible la terminación de la relación de trabajo por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos, sin perjuicio para el funcionamiento eficaz de la empresa, establecimiento o servicio, y esforzarse por atenuar las consecuencias adversas de toda terminación de la relación de trabajo por estos motivos, para el trabajador o trabajadores interesados.”

 

TEXTO COMPLETO

 

.EMERGENCIA PÚBLICA – Decreto 487/2020