Resumen

Mediante la Ley Nº 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y se delegaron en el Poder Ejecutivo Nacional diversas facultades en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional.

A través del Decreto N° 260/20 se amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la mencionada Ley en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el COVID-19.

El Decreto N° 297/20 estableció la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO) desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive, plazo que fue prorrogado sucesivamente hasta el 7 de junio de 2020 inclusive.

Por Decreto N° 520/20, se ha dispuesto que entre el 8 y el 28 de junio de 2020 se diferenciará a las distintas áreas geográficas del país, entre aquellas que:

  • Pasan a una etapa de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”.
  • Permanecen en “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, de acuerdo al estatus sanitario de cada provincia, departamento y aglomerado.

Dada la evolución de la pandemia, se han intensificado los controles del Estado Nacional para garantizar los derechos de los consumidores, las consumidoras y usuarios y usuarias de bienes y servicios en la relación de consumo.

Oportunamente, mediante el artículo 5° de la referida Ley N° 27.541 se facultó al Poder Ejecutivo Nacional, por un plazo máximo de hasta CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir de su entrada en vigencia a:

  • Mantener las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal
  • Iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario.

Tendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias para el año 2020.

La emergencia sanitaria y el ASPO han imposibilitado los procesos de renegociación de la revisión tarifaria vigente -ya sea esta integral o de carácter extraordinario- de los servicios públicos de electricidad y gas natural.

Resultando necesario ampliar el plazo por un adicional de CIENTO OCHENTA (180) días a partir del vencimiento del plazo original.

Asimismo, el Decreto N° 311/20, estableció que:

  1. Las empresas prestadoras de los servicios de:
  • Energía eléctrica,
  • Gas por redes y agua corriente,
  • Telefonía fija o móvil,
  • Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital

No podrían disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a usuarias y usuarios en caso de mora o falta de pago de hasta TRES (3) facturas consecutivas o alternas y cuyos vencimientos hubieran operado a partir del 1° de marzo de 2020.

  1. Tratándose de servicios de Telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital:
  • En caso de falta de pago del usuario o de la usuaria, las empresas prestatarias debían mantener un servicio reducido, por un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos.
  1. En relación al sistema de servicio prepago de telefonía móvil o Internet:
  • Si los usuarios o las usuarias no abonaban la correspondiente recarga, las empresas prestadoras deberían brindar un servicio reducido que garantizara la conectividad, hasta el 30 de abril de 2020.

Plazo que fue prorrogado hasta el 31 de mayo de 2020 inclusive, mediante el Decreto N° 426/20.

La continuidad de la prestación de los servicios públicos indicados, sobre todo en los sectores de mayor vulnerabilidad o en aquellos gravemente afectados en su economía por la pandemia, son necesarios para:

  • Acceder a los servicios básicos que aseguran mínimas condiciones sanitarias,
  • Comunicarse con los servicios de emergencia, para obtener información en materia de salud,
  • Conocer las disposiciones de gobierno,
  • Posibilitar el acceso a plataformas y contenidos educativos,
  • La gestión administrativa de subsidios o facilidades brindadas por el gobierno, entre otras.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS, DECRETA:

  1. PRORROGAR el plazo establecido en el artículo 5° de la Ley N° 27.541 desde su vencimiento, y por un plazo adicional de CIENTO OCHENTA (180) días corridos.
  2. SUSTITUIR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1° DEL DECRETO N° 311 DEL 24 DE MARZO DE 2020, por el siguiente:

“Las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios y las usuarias indicados en el artículo 3°, en caso de mora o falta de pago de hasta SEIS (6) facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020. Quedan comprendidos los usuarios con aviso de corte en curso”.

  1. DISPONER HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2020 INCLUSIVE, la vigencia de la obligación respecto de usuarios y usuarias que cuentan con el sistema de servicio prepago de telefonía móvil o Internet.

VIGENCIA: a partir del día 19 de junio de 2020.

TEXTO COMPLETO

EMERGENCIA SANITARIA – Decreto 543/2020