Proyecto de Ley “Sucesión Notarial”: el poder de administrar justicia corresponde a los jueces

Proyecto de Ley “Sucesión Notarial”: el poder de administrar justicia corresponde a los jueces

Por Antonela Demarco. Abogada graduada de la Facultad de Derecho UNLZ

El proyecto de ley de “sucesión notarial” que pretende que los herederos o legatarios que se consideren con derecho a la sucesión de una persona fallecida o con presunción de fallecimiento opten por tramitarla por la vía notarial o por la vía judicial, vuelve a hacer eco luego de que fuera presentado semanas atrás, a requerimiento del notariado argentino, por miembros de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

Este proyecto regularía la “sucesión notarial” mediante la determinación de los herederos o legatarios formalizada por acta de notoriedad extendida en protocolo de Registro Notarial. Es decir, que la “declaratoria de herederos” sería expedida por escribano público, eliminando de esta forma la resolución declarativa de la condición de heredero efectuada por un juez.

El derecho sucesorio argentino

 

El Código Civil y Comercial de la Nación, sancionado por la Ley 26.994 (BO 8/10/2014), que comenzó a regir el 1° de agosto de 2015, regula en su Libro Quinto el régimen de las sucesiones por causa de muerte en un total de 255 artículos.

Por otro lado, el Libro Sexto, Título IV de “Disposiciones de Derecho Internacional Privado”, en su Capítulo 3º de la Sección 9º, refiere a “Sucesiones”, dedicándole un total de 6 artículos.

De acuerdo con la definición elaborada por los prestigiosos camaristas, Dra. Graciela Medina y Dr. Gabriel Rolleri, el proceso sucesorio “es un procedimiento de carácter voluntario mediante el cual se identifica a los sucesores o se aprueba un testamento, se determina el activo y pasivo del causante y se distribuye el haber líquido hereditario, se liquida la sociedad conyugal por causa de muerte y se dividen los bienes de los cónyuges”.

¿Qué rol cumplen los jueces en un proceso sucesorio?

Son los encargados de administrar justicia. Están en sus funciones las de analizar y validar la información que se les presenta, así como: la acreditación del fallecimiento, la legitimación para promover el proceso sucesorio, dan lugar a la intervención del Ministerio Público, libran edictos, dictan la “declaratoria de herederos”, ordenan la inscripción de bienes, resuelven conflictos que pudieren existir entre herederos, legatarios o acreedores o sobre los bienes mismos de la herencia.

Ahora bien, el poder de administrar justicia, ¿puede ser ejercido por escribanos?

Partiendo de nuestra máxima norma, la Constitución Nacional, corresponde a los jueces la potestad de administrar justicia. Ello se refleja en los arts. 1, 16, 18, 75 inc 12, 108, 116 y 121. Por lo que, otorgarle a los escribanos públicos dicha potestad violenta directamente contra nuestra Carta Magna. Y no sólo ello, también se verían afectados los derechos de aquellos herederos, legatarios o acreedores que tuvieran conflictos que resolver dentro de un proceso sucesorio.

¿Cuáles son los puntos de vista desde los distintos sectores de la abogacía?

El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires ha expresado a través de su página oficial y por diferentes redes sociales como “notoria y manifiestamente inconstitucional” la iniciativa notarial y que “denota una actitud ambiciosa, corporativa e intrusiva”.

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal manifestó que “la potestad jurisdiccional es exclusiva de los jueces designados de acuerdo a la Constitución Nacional”.

Por su parte, el Rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y actual Consejero de la Magistratura de la Nación, Dr. Diego Molea, en concordancia con lo antedicho, estimó de “inviable el proyecto de sucesión notarial”, ya que se trata de una “iniciativa inconstitucional”, que “avanza contra las incumbencias de abogados y abogadas de la matrícula“, agregando que “los escribanos no pueden tener la potestad de administrar justicia ya que esta es exclusiva de los jueces designados de acuerdo a la Constitución Nacional, y de ningún modo puede ser delegada”.

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