Soledad Deza: “somos operadores del derecho de una vida libre de violencia”

Soledad Deza: “somos operadores del derecho de una vida libre de violencia”

Una nueva conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se cumple hoy y desde los distintos organismos, instituciones, entidades y poderes estatales, se busca concientizar sobre esta problemática que, en los últimos años, ha cobrado mayor relevancia gracias a la denuncia pública de los distintos colectivos de género y las organizaciones especializadas.

Al respecto, la abogada y militante feminista, referente de la organización “Mujeres x Mujeres” y autora del libro “Libertad para Belén: Grito nacional”, Soledad Deza, reflexionó en una entrevista exclusiva con la Facultad de Derecho sobre la trascendencia del día, la actualidad jurídica y la importancia de las universidades públicas.

¿Qué se podría destacar de este nuevo 25 de noviembre? 

Lo primero, puntualmente, es que salió después de 9 años la sentencia que ordena investigar el caso de María Magdalena1 y las violencias que ella sufrió en la atención post aborto. Me parece que es muy paradigmático, porque demuestra un poquito más de empatía de parte de los operadores del derecho, que históricamente han asociado la violencia y el acceso a la justicia como solamente necesarios para los casos de violencia doméstica. Y las violencias sanitarias, cómo puede ser la violencia obstétrica, contra la libertad reproductiva o las violencias institucionales, en el marco en que se dan las violencias sanitarias, han quedado naturalizadas. Después de nueve años de mendigar justicia, María Magdalena logró que se investigue su legrado sin anestesia, la violación de la confidencialidad y la denuncia posaborto de sus propias médicas. Entonces, esto me parece que es muy paradigmático de cara a este 25 de noviembre.

¿Cree que existen replanteos al respecto por parte de las instituciones que administran la justicia?

Me parece necesario que en este día pensemos en la necesidad de transversalizar verdaderamente el acceso a la justicia. Cómo se canalizan las respuestas institucionales, hacia dónde vamos los feminismos jurídicos ¿Vamos a una demanda punitivista o vamos verdaderamente a revistar las prácticas del Estado? ¿A exigir creatividad y a quitarles el sesgo denuncia a los conflictos de violencia, de tal manera de no profundizar la protección, sino trabajar por mayor emancipación? Tenemos que ir hacia ahí los feminismos jurídicos me parece. Y ahí reivindico el rol de las universidades.

¿En qué sentido?

Tenemos que preguntarnos qué tipo de recursos humanos salen de nuestras universidades y no solamente en las de derecho, sino de todas las universidades. Porque cada uno, desde su lugar, somos operadores del derecho de una vida libre de violencia.

¿Tiene que ver solo lo cultural o se incluye lo institucional? 

A mí me parece que hay que revisar varias cosas. Por un lado, hay que empezar a transversalizar dentro de la currícula la perspectiva de género, y esto quiere decir que no puede estar circunscrita a una unidad que sea ‘violencia de género’. En derecho penal tiene que estar, en derecho civil tiene que estar, en los comerciales y tiene que estar en los procesales. Porque el compromiso con la igualdad de género y la revisión de los patrones culturales que sustentan la desigualdad de género, llevan por lo menos 27 años de compromiso Estatal con el bloque Constitucional Federal y la modificación de 1994. Por otro lado, jerarquizar la perspectiva de género a la hora de las evaluaciones, no puede ser que solo la profesora feminista evalúa competencias y destrezas en género. En tercer lugar, me parece que una de las cuestiones más importantes es que empecemos a visibilizar la posición privilegiada que tenemos quienes egresamos de la universidad pública, de manera tal que podamos devolver a la sociedad aquello que el Estado nos ha dado con una educación pública y gratuita.

¿Para esto debe haber una modificación del derecho como se conoce?

Para mí el problema de la desigualdad de género no es ‘el derecho’, cómo el derecho no es ‘la ley’. Es una práctica social discursiva y un argumento de autoridad. El problema en la desigualdad de género está en cómo se interpreta el derecho, porque puede ser una herramienta para corregir las desigualdades o puede ser una herramienta para consolidar las desigualdades, me parece a mí que ahí está la clave.

¿Y cómo se puede mejorar como herramienta para corregir las desigualdades? 

Por un lado, asumirla como una herramienta transformadora de la realidad, pero para eso necesitamos operadores y operadoras del derecho comprometidas con utilizar el derecho como una herramienta de cambio social. Al mismo tiempo identificarnos como operadores responsables y alfabetizadores y alfabetizadoras jurídicas, de manera tal que podamos contribuir desde nuestro lugar privilegiado a fortalecer una ciudadanía sexual plena. Qué es lo que fomenta si se quiere, o propició las desigualdades de género.

Entonces, es responsabilidad de todos…

Los cambios tienen que ir de arriba hacia abajo y también de abajo hacia arriba. Si no contribuimos a la alfabetización jurídica dando herramientas para exigir derechos, es muy probable que consigamos las mejoras que el derecho puede dar solo como un derrame de los poderosos, y eso no va a funcionar.

1 – En el año 2012, M. M. (nombre ficticio), tras una hemorragia ginecológica acudió a un centro de Maternidad de San Miguel de Tucumán y fue atendida por la jefa de guardia, Claudia Callejas y la médica residente, Alejandra Berenguer, quienes diagnosticaron un “aborto provocado”. Luego, realizaron una denuncia policial, sin tener en cuenta la declaración de la paciente, quien declaró frente a las profesionales que utilizaba anticonceptivos inyectables y que desconocía estar embarazada. Las médicas practicaron un legrado sin anestesia y solicitaron a las fuerzas policiales que se presentaran en la sala para tomar declaración de la paciente en contra de su voluntad.